El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, ha avanzado este martes, en la presentación del balance de gestión y recaudación ejecutiva del organismo, que se está trabajando en la adaptación normativa que permita a la Seguridad Social publicar un listado de los grandes deudores del sistema al estilo de lo que ya hace la Agencia Tributaria.
Para ello, ha explicado Aibar, está prevista una modificación normativa de la Ley General de la Seguridad Social. La Tesorería hará públicas las deudas pendientes que superen la cantidad de 1.000.000 de euros, identificándose los deudores y el importe de la deuda. La propuesta de inclusión en el listado será comunicada al deudor afectado con carácter previo para que pueda formular alegaciones. El director general ha cifrado en alrededor de 1.100 deudores los que figuran en las bases de datos de la Tesorería en la actualidad.
La morosidad estimada bajará al 1%
No obstante, el propio Aibar ha asegurado que la tasa de morosidad prevista para final de año se estima en el 1%, un 0,7% menos que en 2017, por lo que nos encontraríamos ante «la más baja de la última década».
En este sentido, el director general de la Seguridad Social ha indicado que la evolución de la morosidad ha sido positiva en los últimos años gracias a la mejoría de la situación de las empresas y de los trabajadores por cuenta propia, para hacer frente a sus obligaciones con la Seguridad Social.
En cuanto a los ingresos obtenidos en la vía ejecutiva, en septiembre totalizaron 1.084 millones de euros, un 5,53% menos que en el mismo periodo de 2017. Ello es a consecuencia de la disminución un 10,35% de los importes de la deuda pendiente de pago, circunstancia a la que atribuye Aibar un resultado recaudatorio superior a lo previsible.
Respecto a los aplazamientos autorizados, se han incrementado hasta septiembre de 2018 en un 4,85% (68.578).
Los aplazamientos inferiores a 90.000 euros representan el 97%, mientras que los autorizados al sector privado alcanzan en cuanto a número el 99,87% y en importe el 95,86%.
A juicio de Javier Aibar, «la disminución de los importes objeto de aplazamientos es otro indicador positivo, que refleja la mejoría de la situación de las empresas para hacer frente a sus pagos de Seguridad Social».
En cuanto a los procedimientos concursales, hasta el mes de septiembre de 2018 ascienden a 2.811, por un importe reclamado en el presente año de 127 millones de euros.