Desde el pasado 1 de enero, y tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 28/2018, se han introducido algunas novedades en materia de jubilación y pensiones que pueden resumirse en los siguientes puntos: ?
1.Se recupera? la jubilación forzosa establecida por convenio colectivo que fue derogada a partir del 8 de julio del año 2012. A tal fin se da una nueva redacción al Estatuto de los Trabajadores, disp.adic 10ª, estableciendo la posibilidad de que los convenios establezcan cláusulas para posibilitar la extinción del contrato de trabajo al cumplir el trabajador la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social. Para ello, deben cumplirse los siguientes requisitos:
a) El trabajador afectado debe cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
b) La medida debe estar vinculada a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo. Entre ellos se mencionan:
– la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos;
– la contratación de nuevos trabajadores;
– el relevo generacional; o
– cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo.
La aplicación de esta medida también ha supuesto la derogación del ET disp.adic.9ª.
2. Se prorroga hasta el 1 de enero de 2020 la jubilación con los requisitos y condiciones previos a la Ley 27/2011 (jubilación anticipada a los 61 años con 30 de cotización). Dicha prórroga se aplica en los siguientes supuestos:
a) Personas cuya relación laboral se hubiese extinguido antes del 1 de abril del año 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, anteriores al 1 de abril del año 2013, siempre que la extinción o suspensión de hubiera producido antes del 1 de enero del 2020
Para la prórroga se requiere que estos acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el INSS o en su caso, en el ISM en plazo determinado reglamentariamente.
La aplicación de la regulación anterior no es obligatoria, ya que se permite, que para el reconocimiento de la pensión, los trabajadores puedan optar entre la legislación anterior y la vigente en el momento de hecho causante.?
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