Se calcula que en España existen más de dos millones de empresas que incumplen la obligación de presentar sus cuentas anuales, de las cuales 253.110 se encuentran activas mientras que el 1.830.689 restantes se mantienen inactivas, aunque igualmente obligadas a la presentación, según datos ofrecidos por Wolters Kluwer.
Por este motivo desde el Ministerio de Economía se trabaja en una modificación de la norma para dotar de mayores recursos al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) con el objeto de mejorar el seguimiento y control de este tipo de comportamientos.
No obstante el cambio legal no sólo reforzaría al ICAC, sino que también pretende implicar a la Agencia Tributaria o al Colegio de Registradores Mercantiles. De este modo el ICAC se vería liberado de la obligación de asumir en primera persona el seguimiento de las empresas y encomendará esta función a los organismos que disponen de toda la información: los registros mercantiles.
El plan del Gobierno, según señala Wolters Kluwer citando a fuentes oficiales, se basaría en la suscripción de un convenio con el Colegio de Registradores Mercantiles para que sean éstos los que se encarguen de la supervisión de los incumplimientos y la incoación de los expedientes sancionadores, tarea por la que está previsto que reciban el 50% de la recaudación sancionadora.
El 50% restante redundaría en las cuentas del ICAC, si bien una parte de esos recursos, en torno a un 10%, se abonarán a la Agencia Tributaria para que se encargue de la gestión de la recaudación de esas sanciones y de las reclamaciones correspondientes cuando existan impagos.
En el caso de las pymes, las sanciones oscilarán entre los 1.200 y los 60.000 euros; mientras que para las empresas que facturen más de seis millones de euros éstas podrán ser de hasta 300.000 euros.