El ‘compliance’, una necesidad empresarial para contratar con el sector público
Ante la inminente entrada en vigor de la nueva ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, aprobada en atención a la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, y que recoge el espíritu de las reformas del Código Penal de 2010 y 2015, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se establecerán diversos supuestos que imposibilitarán a las empresas contratar con la administración pública en caso de incurrir en alguna de las prohibiciones recogidas en su artículo 71.
Así, encontramos que tendrán prohibido contratar con el sector público las empresas condenadas por terrorismo, organización criminal o asociación ilícita, entre otros delitos; aquellas que hayan sido sancionadas administrativamente por faltas de carácter laboral; las que no se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social; aquellas que, contando con más de 50 trabajadores, no tengan a un dos por ciento de los mismos en situación de discapacidad; las que, en caso de tener una plantilla superior a 250 empleados, no contemplen un plan de igualdad; o las que den una apariencia de solvencia falsa en una licitación, entre otros supuestos.
Asimismo, en su artículo 72, dicha ley estipula, en su quinto punto que “la prohibición de contratar, así declarada, podrá ser revisada en cualquier momento de su vigencia, cuando la persona que haya sido declarada en situación de prohibición acredite el cumplimiento de los extremos a que se refiere el párrafo anterior”.
En este sentido se hace más necesaria que nunca una estrategia empresarial fundada en el ‘compliance’ o cumplimiento normativo, un término anglosajón hasta ahora reservado al mundo financiero, pero que, a tenor de la nueva legislación, su extensión es cada vez mayor a toda actividad económica.
Y es que el ‘compliance’ no tiene otro objetivo más que establecer las políticas y procedimientos adecuados para garantizar que una empresa cumpla con el marco normativo aplicable.
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