Los autónomos que abandonen su actividad de forma involuntaria mantendrán su derecho de residencia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que los trabajadores autónomos europeos, residentes en un tercer Estado miembro, que abandonen su actividad de manera involuntaria, mantendrán su derecho de residencia en el país donde la realizaban.
Así se ha referido en el caso de un ciudadano rumano que, después de trabajar como autónomo durante cuatro años en Irlanda, se vio obligado a abandonar su actividad porque «no había trabajo debido a la desaceleración económica».
Posteriormente solicitó un subsidio para demandantes de empleo, aunque se le denegó puesto que «no había demostrado que siguiese teniendo derecho de residencia en Irlanda».
Una decisión que la administración de ese país basó en la interpretación de la directiva europea que establece los supuestos en los que el ciudadano puede mantener su derecho de residencia en el Estado de acogida tras perder el empleo de forma involuntaria, y que el Tribunal de Apelación de Irlanda consideró que sólo afectaba a trabajadores por cuenta ajena.
No obstante lo anterior, se decidió elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora, en su respuesta, ha señalado que la directiva se aplica tanto a trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena.
En este sentido el TJUE considera que una interpretación restrictiva, que se refiriese únicamente a quienes han ejercido una actividad por cuenta ajena, establecería una diferencia de trato no justificada entre esos trabajadores y quienes dejaran de ejercer la actividad por cuenta propia.
Esa diferencia de trato estaría aún menos justificada si afectara a quien ha trabajado por cuenta propia durante más de un año en el país de acogida y ha contribuido a su sistema social y tributario del mismo modo que a quien busca su primer empleo en dicho estado, sin haber ejercido nunca una actividad económica ni cotizado al sistema social y tributario del Estado en cuestión.
En este caso, el TJUE aseguró que la referida Directiva pretende superar el enfoque que caracterizaba a directivas anteriores, y que se referían por separado a trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.
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