El pasado 9 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos que establece el procedimiento a seguir para la contratación con las Administraciones Públicas.
Entre las principales novedades encontramos la prohibición de contratar con empresas de más de 250 empleados que no cuenten con un plan de igualdad; el establecimiento de cláusulas sociales para el fomento de la integración, la conciliación o la contratación femenina, entre otros criterios; o el impago de salarios como nueva causa de resolución del contrato, entre múltiples novedades que pueden resumirse en la siguiente relación.
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