por gonzalo@actua.es | May 19, 2020 | Correduría
Uno de los riesgos asociados a toda crisis económica es el incremento de los impagos, que en España ya afecta, a día de hoy, a dos de cada tres empresas según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, y en el que han participado los gestores de más 700 empresas de todos los tamaños y sectores.
El informe señala, asimismo, que la morosidad amenaza la supervivencia del 10% de las empresas españolas, que podrían verse obligadas a echar el cierre a causa de los impagos.
En este sentido el estudio apela a un mayor control sobre la morosidad para reducir su impacto sobre la actividad empresarial, ya que el aumento de los impagos tiene una incidencia notable sobre los márgenes y redunde, por tanto, en la inversión futura.
De acuerdo con el Estudio de Gestión del Riesgo de Crédito en España, el 44% de las empresas españolas afronta pérdidas de ingresos significativas a causa de la morosidad y el 35% registra un incremento de sus costes financieros. Además, el 15% se ve obligada a limitar sus nuevas inversiones y un 20% a frenar su expansión comercial.
por gonzalo@actua.es | Dic 30, 2019 | Correduría
La percepción empresarial sobre la morosidad empeora, al duplicarse el número de empresas que cree que en 2020 aumentarán los impagos, y que ha pasado del 5% al 10%. Asimismo, el porcentaje de empresas que aplica medidas para protegerse ante facturas pendientes se ha elevado hasta el 20%.
Son datos que recoge el último Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, según el cual la prevención y el asesoramiento personalizado a la hora de gestionar facturas son dos de las mejores herramientas para frenar los impagos. Las empresas españolas comienzan a ser conscientes de ello y el número de organizaciones que no toma ninguna medida de protección contra impagos ha disminuido casi un 20% en el último año, pasando del 56% de 2018 al 37% actual.
Por Comunidades Autónomas, son las empresas del País Vasco las más optimistas y donde tan solo el 1% de las compañías encuestadas cree que este riesgo aumentará. Algo más pesimistas en este sentido son las compañías de la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde el 6% y 7% de las encuestadas perciben un aumento del riesgo derivado de sus deudores, respectivamente. No obstante, las empresas aragonesas encabezan el ranking en lo que a pesimismo se refiere (19%), seguidas de las gallegas (14%).
Estos datos destacan con el último informe elaborado por Crédito y Caución, según el cual el 88% de las empresas españolas se ha visto afectado, de forma negativa, por la morosidad durante los últimos doce meses. Asimismo, la tasa media de impago se ha elevado hasta el 2,4%, cuando en el pasado ejercicio se situaba en el 1,5%.
Además, el 33% de las empresas españolas ha incrementado la frecuencia de sus reclamaciones de deuda sobre facturas pendientes y cerca del 20% comenzará a ofrecer descuentos a los clientes por la liquidación anticipada de sus facturas.
por gonzalo@actua.es | Oct 24, 2019 | Correduría
El 88 por ciento de las empresas españolas se ha visto afectado, de forma negativa, por la morosidad durante los últimos doce meses. Así se desprende de los últimos datos ofrecidos por Crédito y Caución, que sitúan en el 2,4% la tasa media de impago, cuando el pasado ejercicio se situaba en el 1,5%. Un empeoramiento que se registra también en los mercados de nuestro entorno en Europa Occidental, donde los impagos han crecido del 1,3% al 2,2%.
«Para gestionar el impacto, el 31% de las empresas españolas ha necesitado posponer o incumplir los pagos con sus propios proveedores, trasladando a lo largo de la cadena de valor los efectos significativos de la morosidad», señala Crédito y Caución.
Además, el 33% de las empresas españolas ha incrementado la frecuencia de sus reclamaciones de deuda sobre facturas pendientes y cerca del 20% comenzará a ofrecer descuentos a los clientes por la liquidación anticipada de sus facturas.
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por gonzalo@actua.es | Oct 10, 2019 | Correduría
El incremento de los arrendamientos de vivienda y la todavía elevada incidencia del desempleo, además de la escasa duración de los contratos laborales, han disparado en buena medida la morosidad, lo que ha traído aparejado un aumento de la contratación de los seguros por impago de alquiler.
Así, entre 2016 y 2019 este tipo de coberturas ha crecido un 158% según datos facilitados por DAS, quien apunta, precisamente, a «la dificultad de los colectivos con menor renta para incrementar sus ingresos por la aún elevada incidencia del desempleo, la escasa duración de los nuevos contratos laborales o la mayor relevancia de la jornada reducida habrían aumentado la demanda de alquiler residencial, especialmente entre los hogares jóvenes», según datos del Banco de España.
La mayor demanda de alquileres ha aumentado el precio de los mismos con crecimientos acumulados hasta mediados de 2019 en el entorno del 50%. Así, este aumento de los precios de alquiler junto con la precariedad laboral, ha dado lugar a que la morosidad en los alquileres haya aumentado notablemente en los últimos años.
Este auge en la demanda de vivienda de alquiler, el incremento de los precios en el mercado y el aumento en los impagos por parte de los inquilinos han generado inquietud entre los propietarios de inmuebles, que ven como la citada morosidad hipotecaria que han venido soportando los bancos durante la crisis se ha trasladado progresivamente al impago de rentas por alquileres en los últimos años.
Tras los vaivenes legales iniciados a finales 2018, la aprobación por parte del Gobierno del decreto de medidas urgentes de vivienda y alquiler el pasado mes de marzo no ha hecho más que confirmar la preocupación de los propietarios. El contenido de dicha normativa (se aumentó el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada de 3 a 5 años para personas físicas y hasta 7 años si es persona jurídica) ha provocado que los arrendadores quieran protegerse mejor contra posibles impagos en una relación que ha prolongado su duración potencial.
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por gonzalo@actua.es | Nov 14, 2018 | General
El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, ha avanzado este martes, en la presentación del balance de gestión y recaudación ejecutiva del organismo, que se está trabajando en la adaptación normativa que permita a la Seguridad Social publicar un listado de los grandes deudores del sistema al estilo de lo que ya hace la Agencia Tributaria.
Para ello, ha explicado Aibar, está prevista una modificación normativa de la Ley General de la Seguridad Social. La Tesorería hará públicas las deudas pendientes que superen la cantidad de 1.000.000 de euros, identificándose los deudores y el importe de la deuda. La propuesta de inclusión en el listado será comunicada al deudor afectado con carácter previo para que pueda formular alegaciones. El director general ha cifrado en alrededor de 1.100 deudores los que figuran en las bases de datos de la Tesorería en la actualidad.
La morosidad estimada bajará al 1%
No obstante, el propio Aibar ha asegurado que la tasa de morosidad prevista para final de año se estima en el 1%, un 0,7% menos que en 2017, por lo que nos encontraríamos ante «la más baja de la última década».
En este sentido, el director general de la Seguridad Social ha indicado que la evolución de la morosidad ha sido positiva en los últimos años gracias a la mejoría de la situación de las empresas y de los trabajadores por cuenta propia, para hacer frente a sus obligaciones con la Seguridad Social.
En cuanto a los ingresos obtenidos en la vía ejecutiva, en septiembre totalizaron 1.084 millones de euros, un 5,53% menos que en el mismo periodo de 2017. Ello es a consecuencia de la disminución un 10,35% de los importes de la deuda pendiente de pago, circunstancia a la que atribuye Aibar un resultado recaudatorio superior a lo previsible.
Respecto a los aplazamientos autorizados, se han incrementado hasta septiembre de 2018 en un 4,85% (68.578).
Los aplazamientos inferiores a 90.000 euros representan el 97%, mientras que los autorizados al sector privado alcanzan en cuanto a número el 99,87% y en importe el 95,86%.
A juicio de Javier Aibar, «la disminución de los importes objeto de aplazamientos es otro indicador positivo, que refleja la mejoría de la situación de las empresas para hacer frente a sus pagos de Seguridad Social».
En cuanto a los procedimientos concursales, hasta el mes de septiembre de 2018 ascienden a 2.811, por un importe reclamado en el presente año de 127 millones de euros.
